Nueva York. Mar/07/2017. Colprensa. El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que la entidad ha recopilado nuevas evidencias sobre un posible financiamiento de las dos campañas presidenciales de 2014, por parte de la firma Odebrecht. En cuanto al caso de Óscar Iván Zuluaga, la entidad ha podido establecer que Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares al publicista ‘Duda’ Mendonça, para que prestara sus servicios a la campaña del representante del Centro Democrático.
“Odebrecht asumió un pago a favor del publicista ‘Duda’ Mendonça, del orden de 1,6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña ‘Mano Firme, Corazón Grande’, del candidato Zuluaga. Dicho pago se llevó a cabo por la firma brasilera”, señaló Martínez.
Igualmente, el ente investigador pudo establecer que la firma Odebrecht arregló en 2014 una reunión entre directivos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y Mendonça, la cual fue realizada en Sao Pablo (Brasil), y contó con la presencia del director de comunicaciones de Odebrecht en América Latina, Marcio Polidoro.
Acercamiento a la campaña de Santos
El fiscal señaló que además del presunto pago de un millón de dólares al empresario Andrés Giraldo, amigo personal del ex gerente de la ‘Campaña Santos Presidente 2014’, Roberto Prieto, desde el 2 de febrero de 2014, Odebrecht busco “acercarse” al Gobierno del presidente Santos.
Según explicó el jefe del ente investigador, Odebrecht realizó un contrato con la empresa Paddington, con el fin de realizar una encuesta de opinión sobre la campaña en diferentes ciudades del país, de acuerdo con la Fiscalía “para acercarse” al Gobierno Santos.
“Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de un millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos, para darle viabilidad al reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol II”, señaló el fiscal General.
Martínez aclaró que la investigación por un posible financiamiento a la campaña de Santos continúa, y por este caso fue llamado a interrogatorio el empresario Andrés Giraldo, por presuntamente recibir un millón de dólares por parte del ex senador Otto Bula.
Igualmente fue llamado a declarar el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto.
No queda esclarecido el tipo de evidencia para respaldar la acusación, o cuál fue el delito cometido, en caso de que exista. En Colombia son ilegales las contribuciones de campaña por parte de compañías no bancarias, y Santos no reportó haber aceptado alguna contribución individual. Pero es un secreto a voces en Colombia, y otras partes de Latinoamérica en donde existen ese tipo de restricciones, que los políticos suelen recurrir a compañías para obtener contribuciones no declaradas para cubrir los costos relacionados con su campaña presidencial.
Santos aún no comenta al respecto. Pero su vinculación con Odebrecht infligiría un mayor daño a Santos a 14 meses de las elecciones de las que surgirá su sucesor y con una descontenta coalición que se deteriora en el Congreso y que es necesaria para la implementación de un acuerdo de paz con las guerrillas.
En un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado, Odebrecht admitió el pago de unos $800 millones de dólares en sobornos para obtener licitaciones en toda Latinoamérica.
De acuerdo al periódico colombiano El Tiempo, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la investigación adelantada en Colombia “se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias”, pues “hasta la fecha la Fiscalía no ha recibido pruebas recaudadas por la Procuraduría General de Brasil, ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
Los efectos de la continua investigación de Brasil a Odebrecht implican cada vez más a políticos de toda la región. El mes pasado, un juez de Perú ordenó el arresto del expresidente Alejandro Toledo por supuestamente recibir unos 20 millones de dólares en sobornos a cambio de un lucrativo contrato para construir una carretera entre Brasil y la costa del Pacífico.